Frente a la declaratoria de alerta roja por el fenómeno de El Niño vigente desde el pasado 29 de agosto, el Ecuador ha entrado en una fase decisiva dentro de la gestión de riesgos. La Ph. D. María del Pilar Cornejo, destacada docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar (FIMCM) de la ESPOL, compartió un análisis técnico sobre el estado actual de preparación, la distribución presupuestaria y las implicaciones socioeconómicas que afronta el país.
Las fases del Plan 2026: Del enfoque preventivo a la respuesta
El plan establecido para el 2026 contempla cuatro etapas fundamentales:
- Prevención
- Preparación
- Respuesta
- Recuperación
Con el establecimiento formal de la alerta roja, el país transita de manera prioritaria hacia las fases de respuesta y recuperación postdesastre. De acuerdo con la investigadora, este nivel de alerta obliga a que tanto las instituciones del Estado como los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la ciudadanía mantengan esquemas operativos activados. Esto incluye planes de contingencia comunitarios y protocolos logísticos específicos, tales como rutas de asistencia y auxilio en caso de pérdida de acceso a vías terrestres.
Asimismo, la alerta roja faculta a los municipios a reformular su Plan Anual de Contratación (PAC) a través de las carteras ministeriales correspondientes, permitiendo canalizar compras e inversiones inmediatas hacia los requerimientos de la emergencia.
Ejecución presupuestaria y fondos de contingencia
Respecto a la asignación de 650 millones de dólares destinada a afrontar el evento climático, se estableció inicialmente una proyección del 70% orientada a prevención y un 30% a respuesta. No obstante, la Ph. D. Cornejo precisó que dicha relación es dinámica: conforme evoluciona la situación en territorio, los montos pueden ajustarse según las reparaciones previas ejecutadas y el nivel real de afectaciones que demanden inversión posterior.
En este marco, se ratifica que los rubros destinados a salud y abastecimiento de medicinas permanecen integrados en la planificación. Adicionalmente, se cuenta con fondos de contingencia especializados que se habilitan bajo umbrales técnicos rigurosos, como el registro de precipitaciones que superen los 120 mm en un lapso menor a 72 horas.
Impacto en el sector agrícola y seguridad alimentaria
Uno de los puntos más sensibles expuestos en la evaluación corresponde al sector productivo primario. Si bien estimaciones generales ubicaban el riesgo agrícola en un 19%, la investigadora advierte que la vulnerabilidad real es superior, particularmente en los pequeños agricultores, quienes presentan una capacidad menor de absorción del choque y requieren medidas de soporte focalizadas.
Cifras oficiales ministeriales proyectan que, bajo escenarios climáticos desfavorables, las pérdidas en el agro podrían alcanzar los 1.300 millones de dólares, equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este escenario no solo compromete la disponibilidad y estabilidad de alimentos a nivel local y nacional, sino que desencadena fenómenos colaterales complejos: la imposibilidad de sustento en el campo puede forzar desplazamientos humanos hacia zonas periféricas y asentamientos informales en las ciudades.
Vulnerabilidad de infraestructura y corresponsabilidad ciudadana
Los informes técnicos registran cerca de 1 millón de viviendas en zonas de riesgo por eventos de inundación o deslizamiento de tierra, situando a 1,3 millones de personas en áreas directas de exposición. En materia de respuesta logística, se contabilizan 2.178 infraestructuras de alojamiento temporal con una capacidad instalada para albergar a 369.000 personas.
Dado que la capacidad de albergues disponibles resulta limitada frente al universo de población expuesta, la especialista recalca la necesidad de la prevención activa y la organización barrial. La reducción del impacto dependerá en gran medida de las decisiones informadas y preventivas que adopte la propia ciudadanía en coordinación estrecha con las autoridades locales y los comités de operaciones de emergencia.
La FIMCM y la ESPOL reiteran su compromiso con la investigación científica aplicada, la modelación de fenómenos oceanográficos y la transferencia de conocimiento técnico para la toma de decisiones basada en evidencia.
Objetivos de Desarrollo Sostenible Vinculados:
- ODS 2: Hambre Cero (Meta: Proteger la seguridad alimentaria y mitigar el impacto socioeconómico en pequeños productores agrícolas).
- ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles (Meta: Reducción de riesgos ante desastres en infraestructuras y asentamientos poblacionales).
- ODS 13: Acción por el Clima (Meta: Fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de respuesta y recuperación ante eventos climáticos extremos).
