En el transcurso del siglo XXI, Ecuador ha registrado únicamente alrededor de siete años considerados dentro de los rangos normales; el resto ha estado marcado por la presencia de los fenómenos climáticos de El Niño o La Niña. Frente al escenario actual de alerta naranja, la Ph. D. María del Pilar Cornejo, docente investigadora de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar (FIMCM) de la ESPOL, enfatiza la urgencia de ejecutar de manera inmediata los planes de emergencia y contingencia.
Tiempos de respuesta e importancia de la planificación municipal
La investigadora señala que los procesos de adquisición en el sector público suelen requerir entre 45 y 60 días. Por ello, iniciar las gestiones en el momento presente implicaría que las acciones operativas comiencen a concretarse hacia el mes de octubre. En este contexto, resulta fundamental que todos los municipios —especialmente aquellos ubicados desde la franja costera hasta los 1500 metros debajo del nivel del mar— pongan en marcha sus planes de contingencia sin dilación.
Históricamente, los municipios suelen iniciar las preparaciones para la época invernal en los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, el calendario electoral previsto para el mes de noviembre introduce un factor adicional que podría ralentizar la operatividad municipal, por lo que la anticipación se vuelve prioritaria.
Herramientas normativas e infraestructura a largo plazo
Desde el año 2019, las municipalidades del país tienen la obligación normativa de contar con una "caja de herramientas" orientada a la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Esta guía establece los procedimientos necesarios para la formulación y presentación de proyectos técnicos en la materia.
La Ph. D. Cornejo resalta la necesidad de orientar la inversión hacia planes de largo plazo que trasciendan los periodos de gestión de las autoridades locales, evitando que las obras queden inconclusas o sean reemplazadas en cada cambio de administración. Entre las soluciones de infraestructura adaptativa plantea, por ejemplo, el diseño e implementación de jardines de lluvia en áreas urbanas, los cuales cumplen la función de albergar y gestionar excedentes hídricos durante eventos climáticos extremos. Asimismo, analiza la percepción pública en torno a la prevención: la falta de reconocimiento ciudadano ante las obras preventivas cuando no ocurren eventos adversos puede influir en la valoración que las autoridades hacen sobre este tipo de inversiones.
Responsabilidad ciudadana y acción comunitaria
La gestión del riesgo no recae exclusivamente en el ámbito gubernamental; la participación ciudadana cumple un rol corresponsable indispensable. Mantener las calles libres de desechos para prevenir el taponamiento de drenajes, planificar los desplazamientos evitando transitar por zonas anegadas y ajustar los horarios de circulación (antes o después de las inundaciones) son acciones concretas que contribuyen a evitar congestiones vehiculares y a reducir el impacto de las lluvias en las comunidades.
Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
- ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles (Meta 11.b: Implementación de políticas para la reducción de riesgos de desastres y resiliencia urbana).
- ODS 13: Acción por el Clima (Meta 13.1: Fortalecimiento de la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos climáticos y desastres naturales).
- ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Desarrollo de infraestructuras adaptativas y sostenibles a largo plazo).
